Procesos de Deforestación en Quintana Roo

Los resultados del presente estudio buscan aportar al entendimiento sobre la magnitud, tendencia, ubicación y causas de deforestación en el estado de Quintana Roo.

La deforestación total estimada a partir de los mapas de cambio de cobertura del estado de Quintana Roo del 2003-2018 fue de 194,006 ha, de las cuales, 90,326 ha corresponden al periodo 2011-2018, es decir, casi el 47% de pérdida de vegetación sucedió en los últimos siete años.

Se observa un incremento atípico de la deforestación en los años 2011-2014, en comparación con los intervalos 2014-2016 y 2016-2018, que pudiera estar asociado con la presencia e intensidad de programas públicos de subsidios [de fomento agrícola] e impulso a la producción agroindustrial desarrollada por los gobiernos federal y estatal con pagos directos y entrega de insumos agrícolas. Sin embargo, en términos absolutos y de tendencia, se observa que siguen en aumento los procesos de deforestación en el estado.

De acuerdo con los cambios registrados, para todo el periodo de 2003- 2018, las actividades agrícolas (basadas en cultivos agroindustriales) han contribuido mayormente a la deforestación; esta actividad contribuye con una tasa anual de deforestación de 5,904 ha/año, seguido de las actividades pecuarias que contribuyen con una tasa anual de 4,900 ha/año y, la expansión de la frontera urbana contribuyendo con 1882 ha/año, principalmente en la zona costera asociada a los mega desarrollos turísticos.

Diferenciando territorialmente a los impulsores de cambio, se encontró lo siguiente:

• Los municipios que presentaron mayor deforestación fueron los ubicados al sur del estado, particularmente Bacalar, donde domina la siembra de soya, caña y sorgo, seguido de Othón P. Blanco en donde se ubica la zona cañera más grande registrada en la entidad.

• Otro de los impulsores de cambio más importantes encontrados son la distancia a unidades económicas agropecuarias (negocios de comercialización o industrialización de productos agropecuarios) y la actividad porcícola. La mayor producción de ganado porcino se ubica en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, los cuales, en el año 2018 aportaron más de 1,000 toneladas de cabezas en pie; estos municipios también se caracterizan por ser de los primeros 5 con mayores tasas deforestación.

• Los patrones espaciales, demostraron que al norte del estado se registra un importante proceso de deforestación por el avance de los desarrollos turísticos en todo el corredor Cancun – Rivera Maya.

El análisis de los resultados evidencia que las políticas públicas tienen enorme impacto en los territorios forestales y en las decisiones sobre el uso del suelo de los dueños de la tierra. Asimismo, los resultados observados en las distintas regiones del estado evidencian, por un lado, una intervención gubernamental desarticulada y reducidos mecanismos que estimulan la conservación de los recursos naturales y, por otro, la ausencia de un entendimiento cabal sobre la gravedad de los impactos de la deforestación sobre la vida de las personas y del entorno.

Por un lado, la producción de alimentos no debe verse alejada o contraria a la conservación de los ecosistemas forestales, pues los sistemas agroalimentarios, en gran medida, dependen de la viabilidad y buen estado de dichos ecosistemas y de los serviciosambientales que estos ofrecen, sobre todo de los correspondientes al sustento (suelos y nutrientes) y de regulación del ciclo hidrológico.

Por ello, es necesario revisar, y, en su caso, suspenderse los apoyos gubernamentales a usuarios de la tierra que hayan deforestado en los últimos años, así como terminar con los programas que impulsan el uso de herbicidas e insecticidas y promover sistemas agroecológicos basados en los conocimientos, semillas y técnicas ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas.

Por otra parte, en cuanto a la promoción de la actividad turística ésta debe revisarse ya que el modelo impulsado ha generado daños y amenazado la viabilidad de los ecosistemas forestales y costeros de la región. En ese sentido, se vuelve necesario conjuntar esfuerzos para prohibir la construcción de infraestructura hotelera en selvas y manglares, así como establecer lineamientos obligatorios que detengan el avance del turismo de masas.

Los resultados del estudio son un llamado a que, por un lado, los gobiernos de los distintos niveles tomen un papel activo para hacer cumplir la ley ambiental y alinear sus incentivos y programas que convergen en el territorio. Es un momento urgente para diseñar e implementar programas que se basen en las necesidades de la población rural, apoyando sistemas productivos campesinos como la apicultura o la milpa maya, además de no fomentar más el crecimiento de la frontera agropecuaria, el uso de agroquímicos que envenenan el acuífero, o el avance urbano indiscriminado y mal planificado.

Por otro lado, se considera que es necesario generar una estrategia de impulso al manejo y uso sostenible de la selva por parte de las comunidades dueñas, que incluya, la simplificación de los procesos y trámites administrativos relacionados con el manejo de esta, así como con la gestión de apoyos buscando que estos puedan realizarse directamente por los representantes ejidales y no por intermediarios. Lo anterior, debido a que se ha demostrado que los incentivos orientados a promover el aprovechamiento forestal sustentable son alternativas efectivas para contener la deforestación; sin embargo, el costo en tiempo y esfuerzo necesarios para obtener una autorización para el aprovechamiento forestal es muy alto y pueden llevar en ocasiones más de año, por lo que otro tipo de programas, como los del sector agropecuario, se vuelven “más atractivos” en términos de oportunidad y costo-beneficio para los dueños de la tierra.

Detener la pérdida de las selvas es un imperativo, no solamente por cumplir con las metas que se ha propuesto México frente a organismos internacionales referentes al tema de deforestación y atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también por una cuestión de responsabilidad y respeto frente a las comunidades rurales, pueblos indígenas, la población urbana y frente a las futuras generaciones.

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